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El gobierno chileno estudia ayudar a los venezolanos residentes en su país

“El proyecto de ley está listo”. Con esta frase el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió a las preguntas que hicieron los diputados de la Comisión de gobierno Interior que criticaron la presentación de líneas generales -y no de detalles- sobre las indicaciones que se introducirán al proyecto de Migración y Extranjería de 2013, informa El Mercurio.

Hacia solo falta la firma del Presidente Sebastián Piñera para enviar las modificaciones al Congreso, añadió el jefe del Gabinete para apaciguar la expectativa de los parlamentarios. La exposición, destinada a dar a conocer los principales conceptos orientadores en la postura del Ejecutivo frente al tema migratorio, se repitió al día siguiente en el Senado. La sesión fue reservada, por acuerdo de la comisión. 

Se confirma el objetivo en el borrador de la minuta, a la que accedio el diario El Mercurio, que recalcaron Chadwick y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ante la Cámara de Diputados: tener una migración segura, ordenada y regular, resguardando los derechos de los migrantes.

“La migración es una expresión de la libertad y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida”, señala el documento. 

Reafirma también que los foráneos deben asumir deberes y se enfatiza en la seguridad de los propios extranjeros, pero también del país, ya que se contemplan medidas para agilizar el proceso de expulsión de quienes hayan infringido la ley y estén de forma irregular en Chile.

Se propondría la creación de una serie de visas a las que se postulará en el país de origen. En el caso de la visa consular que se establecería para los ciudadanos haitianos, eso sí, se haría por la vía de un Decreto Supremo. Para evitar un colapso consular en Puerto Príncipe, según lo indica el documento, la Organización Internacional para las Migraciones colaboraría en el proceso.

En paralelo a este requisito, el Gobierno también lanzaría una visa humanitaria orientada a los isleños. Esto permitiría que las familias que ya cuentan con miembros viviendo en territorio chileno no quedaran separadas por esta nueva política: se otorgarían alrededor de 10 mil cupos al año, bajo el concepto de la reunificación. La continuidad de esta medida y de la visa consular para haitianos se evaluaría luego de tres años. 

Para los venezolanos -nacionalidad que superó a los haitianos el año pasado, con 177.348 ingresos al país, según la PDI- también habría novedades: la instauración de una visa de “responsabilidad democrática”, que buscaría canalizar la sensibilidad del Gobierno con la crisis por la que atraviesa Venezuela. Se solicitaría en el consulado y constaría de un permiso de residencia temporal por un año.

Expectativas laborales

Para “todos los países” se habla de la creación de una visa de oportunidades o expectativas laborales. Los foráneos podrían solicitar permiso para contar con un año de plazo para buscar trabajo en Chile. Al estilo del sistema canadiense, factores como su profesión y edad aumentarían su “puntaje” y, con ello, la velocidad para concretar el trámite del documento.

Quienes vengan al país a estudiar un posgrado en una universidad acreditada o ya posean uno en uno de los mejores 200 planteles del mundo, de acuerdo al ranking QS, podrían recibir una visa automática de 12 meses, para buscar un trabajo en territorio chileno.

El borrador confirma también la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y la apertura de un proceso de regularización extraordinario. Una posibilidad que se baraja sería un período de 90 días para que los extranjeros en situación irregular presenten una solicitud y, con ello, puedan acceder a un permiso de residencia por un año.

Quedarían excluidos de participar de dicho proceso quienes tengan antecedentes vinculados a delitos, mientras que presentar documentación falsa sería motivo para activar un proceso de expulsión.

El próximo lunes, a las 11:00 horas, el Presidente Sebastián Piñera presentará la modificación al proyecto enviado durante su anterior período. Se tratará de un acto en el cual convocarán a autoridades del Gobierno, parlamentarios y alcaldes.

 

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