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Las claves del comunicado de ACNUR y la migración venezonala

Entre los años 2015 y 2017 el alto flujo migratorio venezolano según la ONU ha contado con 924.547 personas, y esto es percibido con  preocupación en algunos países, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), emitió un comunicado buscando aligerar la carga para los venezolanos migrantes y los países que los reciben.  Pero el documento generó confusiones que necesariamente deben ser aclaradas.

 

Este comunicado brinda recomendaciones y orientaciones, y un plan de acción regional.

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en entrevista ofrecida en el programa 60 minutos de Carlos Fernandes para Play 95,5 FM, dijo que la nota publicada por el Acnur  insta a los Estados receptores o que ya acogen a los venezolanos, a permitir el acceso a sus territorios, y que adopten medidas orientadas a la protección de estas personas, mas no busca calificar el estatus de los emigrantes.

No es verdad que el Acnur esté declarando que las personas que han emigrado de Venezuela sean refugiadas”, explicó Daniels desestimando todas las interpretaciones que colocaron al organismo de las Naciones Unidas como un ente calificado para establecer la condición de refugiado.

Miles de venezolanos que salieron del país en los últimos años como consecuencia de las precarias condiciones socioeconómicas de Venezuela pueden desanimarse con la explicación, Daniels llamó la atención sobre el verdadero alcance del comunicado e indico que el mismo es muy importante para el futuro inmediato e incluso a mediano plazo de los migrantes nacionales, ya que el Acnur pidió a los países que les brinden protección y además les apliquen los principios universales de derechos humanos.

El documento del Alto Comisionado es una nota de orientación en la que le solicita a los países que están recibiendo a venezolanos, elaboren mecanismos de protección ajustados a la normativa nacional y regional, pero  apegados a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena. 

Daniels refiere que este pronunciamiento es favorecedor, porque la Declaración de Cartagena –que data de 1984- “amplía el concepto de refugiado del estatuto del 51 (…) particularmente el enunciado sobre violaciones masivas de derechos humanos”, con lo cual aquellas personas que huyen de países donde se da esta situación, deberían ser consideradas refugiadas.

Específicamente el exhorto del Acnur de tomar en consideración el tratado cartagenero, responde a que este documento además de aceptar el concepto clásico de refugiado, o personas con  temores de ser perseguidas por pertenecer a una minoría étnica o a un determinado grupo social, también abarca a aquellos “que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Daniels señala que es público, notorio y ha sido reseñado por medios de comunicación e informes de organismos multilaterales y ONG, que en Venezuela se registran a diario violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, por lo cual a los países que aplican la Declaración de Cartagena se les facilita conceder el estatus de refugiados a los venezolanos que reciban. 

Peticiones especiales

Los países latinoamericanos, reconocidos por la propia ONU, cuentan con marcos normativos y prácticas progresistas en materia de protección internacional. Daniels señaló que el Acnur llamó a las naciones que están recibiendo venezolanos a no sólo viabilizar la declaratoria de refugiado, sino consideren otras vías más expeditas para regularizar la permanencia de estos en los territorios a donde migren.

El documento quiere dar cabida  “varias formas de protección internacional”, tales como el amparo temporal o acuerdos de estancia, visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal, los cuales se circunscriban a estándares mínimos de legalidad (expedir documento oficial que acredite el estatus migratorio), accesibilidad (trámites y costos accesibles), y derechos básicos (programas de regularización que garanticen los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y trabajo).

¿Cómo afecta esto a los venezolanos?

El pronunciamiento del Acnur da evidencia que la crisis venezolana es una realidad, que la gente está saliendo del país para preservar su vida, ya sea por la escasez de medicinas y alimentos, la hiperinflación, la inseguridad o la indefensión en la que se encuentra la población frente a un Estado autoritario y que actúa contrario a los derechos humanos, las leyes y la Constitución.

Cuando una emergencia humanitaria no se detiene y como ocurre en el caso venezolano, es negada, la población  no le queda más remedio que optar por huir del país para buscar soluciones en otros países, pero incluso en tales supuestos, el derecho internacional les reconoce sus derechos y les otorga un marco de protección que los países receptores deben aplicar.

Los derechos humanos son universales, y deben hacerse valer para evitar que por causa de la desesperación de los venezolanos que huyen de las violaciones de sus derechos en su país, no sean victimizados de nuevo en las naciones en las que buscan acogida.

 

Fuente:LaPatilla

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